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Caso de Cinthia Ortíz

¡Devuélvanle la guagua a Cinthia!

La atrocidad cometida contra la familia de Cinthia Ortíz, de 27 años, sin redes de contacto ni cuenta corriente en un paraíso fiscal, manchó esta semana la agenda noticiosa y escribió un episodio desafortunado en la labor de nuestros tribunales de justicia, que consideraron de mayor importancia evitar el eventual traspaso de THC por la lactancia, que resguardar los derechos y deberes que la ley entrega a los padres respecto de los hijos, el interés superior del niño, la libertad personal y más aún, el vínculo de apego que a lo largo de nuestra historia ha definido la relación entre padres e hijos. Esta pareja afirma haber sido criminalizada públicamente por funcionarios del sistema de salud público, quienes hicieron a la madre declarar el consumo de marihuana durante el proceso de parto, para finalmente quitarle a su hija recién nacida y llevarla a tribunales. Lo sucesivo es peor; se falla restringiéndole a la madre el contacto con la niña y los medios de comunicación producen una noticia moralizante, sostenida mediante estudios científicos dudosos, que nos dicen, en definitiva, que derechos vinculados a la esfera más íntima de nuestra autodeterminación personal y familiar pueden ser limitados en el interés de la persecución de determinadas conductas o decisiones.

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Con independencia de nuestras posiciones personales respecto del consumo de marihuana cabe preguntarse, atendiendo a la gravedad de las consecuencias de la sentencia, si lo relevante cuando se aplica el castigo es prevenir el eventual daño a la salud de la niña, o más bien mostrarle a su madre y a nosotros, la ciudadanía televidente, que la condena al consumo de esta “droga de entrada” es más importante que derechos consagrados en nuestro ordenamiento, además de principios fundamentales del Estado de Derecho, como nuestra libertad para autodeterminarnos, ademas de costumbres arraigadas largamente en occidente, como la forma en que se desarrolla el proceso de dar a luz y comenzar la relación entre padres e hijos. Cuando la institucionalidad opera de esa forma sobre los ciudadanos, traspasando esferas de intimidad y sancionando conductas en circunstancias vinculadas a salud o la construcción de un entorno familiar, entonces hay que poner la alerta y cuestionar la función que cumplen los mandatos de esa autoridad. Una pena como esta, promocionada en los medios casi a modo ejemplificatorio, antes que defender la salud de la niña, parece perseguir la imposición de una disciplina social, en una suerte de golpe de timón que restaura el orden cuando los subalternos hacen temblar la autoridad homologadora de las clases dirigentes.

Privar a un niño de la relación con sus padres, se colige de la lectura de este documento proporcionado por el Gobierno de Chile, puede producir consecuencias dañosas que se extenderán quizás, a lo largo de toda su vida.

La ofensiva se produce mediante la desinformación. Así por ejemplo, La Tercera del 27 de noviembre contiene una nota que cita a don Francisco Navarro, profesional de la salud, y en la que puede leerse que: “La madre que reconoce consumo de marihuana en el embarazo es habitual que también haya consumido alcohol y otras drogas que las lleva a tener un embarazo mal controlado y un bebé con restricción del crecimiento”. No es necesario leer entre líneas para verificar que en esta frase altamente criminalizante no se ofrecen certezas, sino supuestos. Y esto se debe a que no existe claridad entre los expertos acerca del efecto del consumo de marihuana durante el embarazo, y mucho menos respecto de las consecuencias de que una mujer que consume cannabis de manera esporádica tenga acceso a su hijo y pueda, por ejemplo, amamantarlo. En ese sentido, la página del National Institute on Drug Abuse indica que “los investigadores no están seguros si los problemas de salud que pueden haber sido causados por haber sido expuestos tempranamente a la marihuana, continuarán cuando los niños se conviertan en adultos. Sin embargo, ya que algunas partes del cerebro continúan desarrollándose durante la adolescencia, también es posible que ciertos tipos de problemas aparezcan al madurar el niño.” Nuevamente, las respuestas ofrecen más especulación que certeza. Con todo, los noticieros ponen al aire a expertos que respaldan la sentencia, y los medios de prensa titulan, por ejemplo que: “Le retuvieron a su bebé por fumar marihuana embarazada y así se defiende” en Publimetro del 26 de noviembre, apuntando a la responsabilidad de la madre, por hechos que además no implican la infracción a la ley.

Nuestras decisiones cotidianas están sujetas a la censura de las autoridades, y estas autoridades prefieren cautelar los enclaves autoritarios de la dictadura antes que la salud o la libertad de sus ciudadanos.

Pero sin duda mucho del impacto que genera esta situación tiene que ver con que la resolución impedirá a la madre estar con su hija, cosa que bien puede provocar un daño irreparable, según indican los estudios que señalan que el “apego” es esencial para el desarrollo integral de un niño. Estos estudios, mucho menos especulativos, encuentran acogida incluso en el gobierno de Chile, que en su página crececontigo.gov.cl indica que “el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, relativamente consistente, y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona”; para agregar después que “en conclusión, la importancia del apego en la crianza nos dice que tenemos que entregar todo el cariño, afectividad, contacto físico, que podamos a los niños. Es de ese modo como ellos aprenderán a enfrentar el mundo de un modo adecuado”. Privar a un niño de la relación con sus padres, se colige de la lectura de este documento proporcionado por el Gobierno de Chile, puede producir consecuencias dañosas que se extenderán quizás, a lo largo de toda su vida.

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La noticia es recogida por medios internacionales con pavor, como en El Comercio de Perú del 27 de noviembre, donde puede leerse que “Un hospital chileno retuvo a una bebé recién nacida y prohibió a su madre alimentarla porque fumó un cigarrillo de marihuana una semana antes que naciera: la niña solo siente el calor de su mamá dos horas y media al día, dijo la abogada Francia Flores”. Nuestra sociedad y nuestras instituciones avanzan a ritmos dispares porque en la clase dirigente prevalece el afán de mantener un catálogo valórico conservadora según la cual debe mantenerse la penalización del aborto con el mismo estándar que se regula en El Vaticano. Nos quedamos atrás en el concierto global, porque los pactos forjados al calor de la transición impiden que las demandas ciudadanas traspasen los cercos de la clase dirigente; porque una voluntad irrestricta nos mantiene amarrados no solo a una constitución, sino a un sistema jurídico político que neutraliza la sociedad. Del mismo modo que la resistencia contra la ley de derechos reproductivos, el fallo contra Cinthia Ortiz es un fenómeno de visibilización de aquellos dispositivos de administración ciudadana que pueblan nuestra institucionalidad autoritaria y temerosa de la democracia y al libertad de los individuos. Así como la desarticulación de la educación pública o la instalación del “emprendimiento forzado” son ejemplos de procesos de gran envergadura que vulneran a la gran mayoría de los ciudadanos, proceso que podrían pasar desapercibidos como estos, muestran cuán profundo se introduce el poder, quitándonos el control sobre ámbitos que ni siquiera sabíamos que podían ser colonizados.

Se falla restringiéndole a la madre el contacto con la niña y los medios de comunicación producen una noticia moralizante, sostenida mediante estudios científicos dudosos.

En definitiva, este problema no afecta únicamente a la familia de Cinthia, sino que muestra una situación de la que todos somos parte, como sujetos y objetos del poder, como ciudadanos desarticulados viendo suceder procesos de gran escala como la privatización de los activos estatales, y también procesos a nivel de nuestras relaciones cotidianas y espacios más íntimos. Si nuestras decisiones cotidianas están sujetas a la censura de las autoridades, y estas autoridades prefieren cautelar los enclaves autoritarios de la dictadura antes que la salud o la libertad de sus ciudadanos, entonces es una institucionalidad que opera al servicio de los intereses de la clase dirigente. Por supuesto, a diferencia de las épocas que algunos añoran por estos días, en que los torturados eran arrojados al mar por mandato de las autoridades, en esta etapa del desarrollo de nuestras sociedades, el opresor debe escarbar mucho más profundo para administrarnos, interfiriendo en los procesos más ínfimos, donde se define nuestra forma de relacionarnos con el entorno. ¡Devuélvanle la guagua a Cinthia!

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