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Enemistando a la ciudadanía: El tratamiento mediático del paro del Registro Civil

Escrito por MQLTV

    La movilización de los funcionarios del Registro Civil cumple ya más de un mes, y su tratamiento político y mediático ha comenzado a dar el giro hacia una segunda forma de administrar el conflicto, siempre en vías de neutralizar las demandas de los funcionarios, sin que el gobierno responda abiertamente a éstas. Durante el primer mes de movilizaciones, pudimos ver cómo la paralización coincidió con las primeras ceremonias del flamante Acuerdo de Unión Civil, lo que sumado al copioso flujo ciudadanos chilenos y extranjeros en busca de certificados y documentos, ha permitido convertir a los manifestantes en el nuevo enemigo público de los noticieros, cuya apuesta ha sido la de restarles legitimidad por la vía de confrontar a este sector movilizado con el resto de la ciudadanía. Vaya novedad.

    De esta forma, este primer mes de movilización termina siendo un espejo terrible de las políticas que a 25 años del comienzo de la “transición a la democracia”, no han hecho más que desarticular a la gran mayoría de los ciudadanos, ofreciendo condiciones para que la clase dirigente se reúna en torno a objetivos comunes que nada tienen que ver con las demandas sociales, como el crecimiento económico y la inserción del país en el concierto global.

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    Pero el segundo momento del tratamiento mediático llama aún más la atención, al personalizarse el movimiento en un solo individuo, su dirigente Nelly Díaz, y comenzar a fortalecer su imagen mediante seguimientos de su “día a día” y reportajes humanos, de modo de poder atacar a la movilización completa por la vía de atacarla a ella. Esto ocurre precisamente cuando al fin la ministra sale de su mutismo y se reúne infructuosamente con los funcionarios, lo cual prueba que existen condiciones en la ciudadanía chilena para aceptar como enemigo a una mujer de raigambre popular, con más ferocidad en algunos sectores incluso, que cuando a otra mujer, en este caso la Presidente, se le tuvo contra las cuerdas por asuntos que sin duda afectaban más gravemente al grueso de la ciudadanía.

    Del primer mes de movilización nos queda la constancia de cómo administra las demandas ciudadanas el gobierno, en un país en que la legitimidad de las instituciones y los puentes entre la clase política y los electores se encuentran por el suelo. Desde el término de la dictadura, un sinnúmero de movilizaciones terminó de manera precipitada y sin obtener plenamente sus objetivos, debido al desgaste humano y orgánico de procesos en los que la clase dirigente no ofreció diálogo y dejó pasar el tiempo.

    La otra arista llamativa es la repentina importancia que el Registro Civil ha cobrado para la población y los medios. ¿Desde cuándo que todos necesitamos con impaciencia un pasaporte?

    Caso ejemplar fueron las movilizaciones estudiantiles anteriores al gran proceso de 2011, que terminaban cuando nuestros líderes, habiendo agotado sus fuerzas y capital político en meses de protestas, terminaban firmando su conformidad con un paquete de reformas paupérrimas, o peor aún, con el ingreso a una mesa de diálogo que se diluía hasta desaparecer con el siguiente estallido social. Cuando las instituciones no permiten la incidencia ciudadana, entonces la clase política puede desoír impunemente las demandas sociales y esperar que los movimientos caigan por su propio peso. En ello radica la centralidad de eliminar el elemento “subsidiario” de nuestra fórmula de Estado, esencial para dar las condiciones de neutralidad que un gobierno necesita para insertarse de lleno en los ritmos del neoliberalismo global.

    Respecto del giro en el tratamiento del conflicto, hay que saber poner la alerta ante la criminalización mediática de los movimientos sociales, especialmente cuando dicha criminalización pasa del movimiento a los particulares que lo conforman, atacándose a los dirigentes por su militancia o por sus condiciones y opiniones personales. Los gobiernos de la Concertación nos legaron algo que ni la dictadura cívico militar fue capaz de consolidar: una identidad social instalada desde los medios de comunicación controlados por una minoría no representativa y marcada por la derrota, la desarticulación y, en definitiva, la marginación de los procesos relevantes.

    civil registro

    Es posible sostener que desde el regreso a la democracia, el esfuerzo represor ha estado puesto en que la población deje de soñar, acepte el mal menor y entienda que las decisiones trascendentales de la sociedad solamente pueden tomarlas elites políticas divorciadas de la ciudadanía, en las cuales las dirigencias de base, vengan de donde vengan, no pueden tomar partido. Si a mediados de los ’80 la resistencia popular era capaz de hacer frente al régimen de Pinochet y su camarilla civil, a mediados de los ’90 la capacidad de articulación en los sectores subalternos estaba anulada o reconducida a espacios administrables e irrelevantes. Lo que no pudo quitarnos la dictadura nos lo quitó la sociedad neutral de la transición, que terminó por pavimentar un futuro pacífico y controlado, donde cada uno vela por si mismo y las alamedas están despejadas para el paso de turistas, inversionistas y comitivas diplomáticas.

    En ese paradigma, la oferta de articulación para los sectores excluidos del poder es mínima y el límite de los sueños son las reformas que nos ofrece el bloque Concertación-Nueva Mayoría, que jamás entra en contradicción con el acuerdo neoliberal que vincula a la clase política y el empresariado, el cual siempre utiliza el clivaje dictadura-democracia para legitimar su condición de conductores exclusivos de las demandas sociales. Pero los grandes procesos sociales levantados desde la lucha estudiantil han roto esa barrera que parecía insondable, y ahora frente al Registro Civil de Huérfanos, asistimos a una nueva prueba de fuerza entre dos momentos de la política nacional.

    Los noticieros pintan a los funcionarios como enemigos de la sociedad, cuando el enemigo no es otro que aquel que pone a la sociedad contra si misma.

    Cabe además preguntarse por las raíces de la conflictividad social que se opone a la movilización. El funcionamiento irregular de un servicio público es siempre un problema para la ciudadanía, pero llaman la atención dos detalles: por un lado, la idea de que son demandas colectivas por vulneración a los derechos del consumidor las que podrían corregir el problema, cosa que supone entender al Registro Civil ya no como un servicio público, sino como un oferente de servicios privados, y por lo tanto, a los usuarios como consumidores y no como ciudadanos. Esto da cuenta del perfil de la dirigencia que está tratando de capitalizar el problema “privado” que suscita el conflicto.

    La otra arista llamativa es la repentina importancia que el Registro Civil ha cobrado para la población y los medios. Todos sabemos que no es el más expedito de los servicios públicos, pero recién ahora es un tema conflictivo, y no por los inmigrantes que requieren efectuar sus trámites de permanencia en el país, sino principalmente por el problema económico relativo a la suspensión de la venta de pasaportes, cosa que afecta a sectores más acomodados. ¿Desde cuándo que todos necesitamos con impaciencia un pasaporte? La clase media decidió correr al Registro Civil a adquirir sus pasaportes porque el gobierno anunció un alza brutal en su precio, justo cuando el endeudamiento masivo posibilitó que “personas comunes y corrientes” pudiéramos comprar pasajes para huir del país a descansar brevemente de nuestros trabajos.

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    Esta llamada clase media, despojada de toda ayuda estatal, atrapada entre instituciones privatizadas, y esclavizada por el triunfalismo que nos obliga a competir unos contra otros, es justamente el público objetivo de los medios que pretenden deslegitimar la movilización, amparándose en que priva a este sector emergente de los beneficios del libre mercado. La movilización, nos han dicho, pone en riesgo a los niños que quieren ir a competir en algún encuentro deportivo en el extranjero, a las minorías que quieren acceder al tan esperado AVP y a quienes no pueden inscribir sus vehículos motorizados; todas estas, personas que en otro contexto social simpatizarían con sus pares movilizados. Los noticieros pintan a los funcionarios como enemigos de la sociedad, cuando el enemigo no es otro que aquel que pone a la sociedad contra si misma, mientras arriba los pactos de camaradería resuelven la crisis de legitimidad de manera acomodaticia y sin más costos personales.

    Quien ya sufre costos personales es Nelly Díaz. Se le sindica como la líder irreflexiva del movimiento, que impide el término del conflicto por razones personales, relativas a su carácter y a su militancia, dando a entender que el problema es una mujer común y no la actitud de un gobierno y una clase política irresponsables, que tienen por costumbre desoír a las mujeres y los hombres comunes que les dan el poder y les pagan el sueldo. Pintar esta movilización como un esfuerzo de la derecha de atacar a la Nueva Mayoría es una falta de respeto para quienes sustentan el movimiento y que no necesariamente comulgan con RN.

    Los gobiernos de la Concertación nos legaron algo que ni la dictadura cívico militar fue capaz de consolidar: una identidad social instalada desde los medios de comunicación controlados por una minoría no representativa.

    Se ha dicho además, que la dirigente operaría contra los intereses de la próxima negociación de la ANEF, pero este gremio ya salió a apoyarla con una movilización la semana pasada, y a todas luces una paralización de estas características no puede sustentarse sin el apoyo de las bases, a las cuales los noticieros han decidido simplemente invisibilizar, mientras nos ofrecen cada vez mayor información de la vida de la dirigente, como en aquellos días en que la prensa empezaba a sacar historias de romance de Camila Vallejo, en medio de la revuelta ciudadana que ella encabeza. Esto es porque resulta más fácil lidiar con un dirigente que con un conflicto social.

    Hasta hace un par de semanas, CHV emitía “Guerrilleros”, brillante docu-reallity centrado no solo en el pasado, sino también en el presente de algunos de los efectivos más importantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La relevancia de esta producción, a diferencia de los reportajes que en las últimas décadas mostraron programas como “Informe Especial”, radica en que visibilizó por primera vez a los frentistas como una fuerza política organizada, que representaba a un sector de la población que creía en una alternativa distinta a la transición democrática pactada que ofrecía la Concertación.

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    En paralelo, vimos como el mismo canal ponía al aire “El Bosque de Karadima”, una producción que (mutilada y alargada malamente para alcanzar la forma de una miniserie) da cuenta de una de la heridas más brutales y mediáticas de la elite chilena. A menos de un mes de la emisión de ambas producciones, el área periodística del canal ya se hace cargo de su empleo habitual: inflar la crónica roja (ahora la moda es tipificar el “portonazo” como un crimen en si mismo) y visibilizar los conflictos sociales desde un punto de vista conveniente para la clase dirigente.

    Revelan en televisión abierta la monstruosidad de Karadima y le dan voz al hasta ahora silenciado Comandante Ramiro, pero inmediatamente después nos muestran a ciudadanos comunes que piden un reajuste salarial como enemigos, del mismo modo que han mostrado como enemigos a los estudiantes, a los mapuche y, en general, a todos aquellos que asumen la conducción de las demandas que surgen de entre nosotros: los oprimidos, los desarticulados, los ciudadanos reales que habitamos las instituciones que la clase dirigente administra a discreción. Nos dicen que el enemigo es el que protesta, mientras se recicla nuestra demanda de Asamblea Constituyente para darle aliento a otra elección parlamentaria con los mismos nombres y las mismas coaliciones. Hay que volver a soñar por afuera de los límites impuestos y hay que cuestionar a quienes nos enemistan entre nosotros, porque de nuestra desorganización solo se nutren los poderosos.

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