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Veto del Servel

La reacción burocrática ante Revolución Democrática

El caso es que la resolución del Servel impidió que Revolución Democrática se transformara en un partido político. Al parecer la palabra “Revolución”, según señala la interpretación de la Ley de Partidos Políticos, contravendría al orden y a la paz social. O ésa es por lo menos la explicación que apareció en los medios y lo que nos hace pensar -una vez más- en la clase de país que vivimos, pero sobre todo en la institucionalidad que regula nuestra democracia. El hecho de que el concepto político mencionado cause terror en nuestras instituciones es bastante decidor de cómo hemos ido construyendo democracia en los últimos años. Pero, sobre todo, es una explicación bastante contundente de que la persecución de ciertas ideas ya no es algo explícito, pero sí es una marca que quedó tatuada en nuestro nuevo Chile sin que nos hayamos dado cuenta. Sin que nos hayamos detenido a cambiar simples aspectos que hoy no estaríamos lamentando.

Es cierto, lo sucedido puede ser tomado como una interpretación de la ley, pero también podría decirnos que ésta se interpretó con un sesgo cultural que hasta el día de hoy nuestros reguladores respiran sin siquiera hacerse una pregunta al respecto. Un sesgo que vetó ciertas palabras aunque éstas no fueran llevadas a la acción. Una ceguera mental que no se presta para lecturas profundas y que menos busca preguntas, por el hecho de que solamente tiene respuestas. Equivocadas, pero respuestas al fin y al cabo.

¿Qué es lo que nuestra institucionalidad interpreta como el “orden y la paz social”? Porque no se sabe. Como tampoco se sabe bajo qué parámetros se miden esos conceptos.

¿Debería Revolución Democrática hacer caso a lo resuelto por el Servel y cambiarse el nombre? A mi parecer no. Hacerlo sería no entender que lamentablemente la discusión política es también -y principalmente- con las instituciones y cómo éstas están concebidas desde el retorno de la democracia. Pero, sobre todo, sería no tener claro que la batalla constitucional también tiene que ver no solamente con cómo están interpretadas las leyes, sino también con lo que dicen bajo una lógica de Guerra Fría que terminó hace años, pero que sigue palpitante en nuestra concepción republicana y que, al parecer, muchos conciben como lo real. Como lo que debe ser.

Lo que también parece importante preguntarse, según la resolución señalada, es: ¿qué es lo que nuestra institucionalidad interpreta como el “orden y la paz social”? Porque no se sabe. Como tampoco se sabe bajo qué parámetros se miden esos conceptos. O, mejor dicho, lo sabemos pero aún nos cuesta darnos cuenta de que el problema del relato institucional es más serio de lo que creíamos y que todo lo que en algún momento se dio por solucionado, no hizo otra cosa que seguir amontonando los temas que quedaban por resolver.

La persecución de ciertas ideas ya no es algo explícito, pero sí es una marca que quedó tatuada en nuestro nuevo Chile sin que nos hayamos dado cuenta.

El orden y la paz social son conceptos marciales que no tienen que ver con la democracia, sino con los estados de sitio. Una sociedad activa no puede ser pacífica ni ordenada porque debe manifestarse y hacerse presente, siempre y cuando dentro del marco democrático. Creer que un país se construye con la negación de las ideas y la opresión de sus fundamentos es una visión pinochetista que todavía sustenta nuestra realidad. Pero sobre todo es el gran fracaso de líderes democráticos que se subyugaron ante el miedo y prefirieron edificar un Chile en torno al autoritarismo portaliano que revivió en los años de la dictadura.

Lo que sucedió con el movimiento en cuestión fue que se enfrentó ante la burocracia autoritaria que aún circula por las venas de nuestra actualidad. Pero sobre todo que vio hecha carne la reacción burocrática hacia una eventual Revolución Democrática.

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