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Enclave autoritario

¿Por qué el fallo del Tribunal Constitucional supone una derrota para la ciudadanía?

Escrito por MQLTV

    *Por Ricardo Paredes, vocero Cones

    El jueves 10 de diciembre del presente año, el Tribunal Constitucional difundió un comunicado adelantando que su fallo sobre el requerimiento de reserva constitucional presentado por la coalición “Chile Vamos” –que se dará a conocer de manera oficial el 23 de Diciembre– será en torno a dos ideas. Primero, la constitucionalidad del mecanismo por medio del cual el ejecutivo impulsó la gratuidad del 2016 para más de 200.000 estudiantes que calificasen dentro de la más alta vulnerabilidad social del país, a través de aportes fiscales inyectados directamente a las instituciones que tuvieren los alumnos anteriormente mencionados aprobados mediante una glosa transitoria, correspondiente a uno de los tantos ítems de la partida de educación en la Ley de Presupuesto Anual de la Nación para el año entrante.

    La segunda, es para preocuparse, ya que este tribunal decretó que en esta pasada los criterios para acceder al beneficio de la gratuidad de los estudiantes que el gobierno estipuló para las instituciones de educación particulares y fuera del Consejo de Rectores, fueron rechazadas por este Tribunal por una votación de seis (6) contra cuatro (4) –recordar que estos criterios se basaban en años de acreditación, fórmulas democráticas de gobernanza universitaria y no tener sociedades comerciales relacionadas con la casa de estudios–. Lo que, por supuesto, dejó interrogantes que han preocupado y preocupan hoy con más fuerza a las huestes del movimiento estudiantil chileno.

    Lejos de defender los intereses de estos estudiantes, lo que realmente hacen con esta acción es defender la desregulación del sistema privado de educación superior.

    Que nosotros invoquemos frecuentemente con tanta añoranza lo que representó el 2011 para la ciudadanía y los movimientos sociales, tiene que ver con que lejos de ser un año más de movilización estudiantil, logró aglutinar grandes masas de chilenos –trabajadores, estudiantes, pobladores, etc.– a favor de transformaciones políticas y sociales que le devolviesen la dignidad a nuestra patria y sus ciudadanos, con un nivel de discusión y propuestas políticas nunca antes vistas desde el último gobierno democrático de la década de los ’70. Debe ser por este motivo que nuestras expectativas como ciudadanos respecto a las reformas actualmente en curso han crecido exponencialmente en el último tiempo. Es justamente por este deseo de participación política, dentro de los márgenes democráticos y con un profundo respeto sobre la voluntad popular, que no podemos dejar de tildar este comunicado del Tribunal Constitucional como una derrota de estas aspiraciones ciudadanas, al menos en el hoy por hoy.

    No podemos entender como hoy en Chile, sectores políticos tan retardatarios y antidemocráticos en su esencia como lo es la coalición que agrupa a los partidos de la derecha chilena, que solo alcanzan entre todas sus fuerzas a representar 63 bancas –de 158– en el Congreso Nacional, tenga este “as bajo la manga” que significa el Tribunal Constitucional como protector supremo de la constitución política ilegítima y de intereses políticos que nada tienen que ver con resguardar el bienestar y dignidad de nuestros compatriotas; que se sepa en el mundo entero, en Chile una ley aprobada democráticamente por mayoría en el Congreso Nacional puede ser drásticamente transformada por un organismo tecnocrático, basado sobre reglas injustas y lo peor de todo viene a continuación: ninguno de los diez ministros de esta corte fue siquiera elegido indirectamente por la ciudadanía, simplemente, están ahí esperando uno de los tantos berrinches de quienes no pueden ganar los debates a través de las ideas.

    tribunal constitucional chile

    Pero para centrarnos en el contenido de este requerimiento, de la misma forma nos sorprende el vuelco en 180° que tuvo la derecha en cuestión de meses, cuando este sector tuvo la oportunidad de cambiar las cosas en su propio gobierno, el presidente de aquel entonces, Sebastián Piñera Echeñique le propuso al país el G.A.N.E. (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) que era, en sus propias palabras, el aumento del monto de las becas y sus beneficiarios, es por esto que no deja de sorprendernos que hoy, a cuatro años de aquella propuesta, los parlamentarios de su gobierno acusen “discriminación arbitraria” respecto de la entrega de estos mismos recursos. Pero es aquí  donde me quiero detener, para poder dejar en evidencia puntos claros de la real motivación que tiene la derecha con este requerimiento:

    Que se sepa en el mundo entero, en Chile una ley aprobada democráticamente por mayoría en el Congreso Nacional puede ser drásticamente transformada por un organismo tecnocrático, basado sobre reglas injustas.

    Primero, cuando los parlamentarios de la derecha política acusan esta discriminación arbitraria, se refieren a que habrán instituciones de educación superior –universidades, CFTs e IPs– que no se someterán a los requisitos establecidos por el gobierno para recibir recursos fiscales por concepto de gratuidad, por ende, y de manera indirecta, habrán estudiantes que no recibirán este beneficio. Pero lejos de defender los intereses de estos estudiantes, lo que realmente hacen con esta acción es defender la desregulación del sistema privado de educación superior, que como tantas veces gritamos en las marchas, es uno de los principales males que hoy aquejan al país. Como anteriormente expuse en este mismo escrito, los recursos especificados en la glosa transitoria, van inyectados de forma directa a las instituciones, ya que de esta manera es posible para el Estado establecer una normativa básica que condicione la entrega de recursos de todos los chilenos en consideración de patrones importantes de desarrollo académico: calidad efectiva de la educación (a través de mínimo tres años de acreditación de su oferta educativa), fomento a la democracia y participación ciudadana (creación genérica de sistemas de gobernanza democráticos, con organismos colegiados con capacidad de tomar decisiones en conjunto) y por último y quizá de lo más importante, el fin al lucro de particulares con platas públicas (corporaciones de derecho público, sin sociedades relacionadas). Por tanto, cabe preguntarse, ¿por qué a la derecha le interesaba tanto el poder eliminar de raíz estas condicionantes, más no así los recursos que esta glosa contempla? -$536.620.149 CLP– ¿no será que les conviene más la inyección indirecta que supone la no intervención del Estado en estos aspectos y que además perpetúa su propia propuesta sobre aumento de becas?

    protesta tc

    En segundo lugar, y en términos más políticos, por supuesto que supone una derrota toda vez que la traba de este escalón, que todos los estudiantes de Chile entendíamos solo como un primer paso en miras hacia la real demanda histórica que no es otra que gratuidad universal, es una complicación porque nos trunca en un debate que debió darse por entendido hace mucho tiempo y así como lo dijeran muchos actores del mundo educación hace algunos días, la demora de este paso inevitablemente desembocará en una tardanza hacia el debate sobre la ley duradera en el tiempo, que es la discusión sobre Reforma a la Educación Superior.

    De cualquier forma, sabemos que la única forma de avanzar en transformaciones profundas en el seno de nuestra patria es a través de una armonía natural y exacta entre debate político para alcanzar la mayor claridad en las propuestas de alternativa que se planteen, y por supuesto la consonancia de estas mismas en la ciudadanía, ya sea expresándose en movilizaciones, elecciones o intervenciones masivas de respaldo. Lógicamente, una buena receta no es necesariamente una garante de triunfo, más no por ello bajamos los brazos ante este primer embate de la derecha en la lucha por la gratuidad. ¿Y cómo bajarlos? Nos preguntamos nosotros, si durante los diecisiete años de crueldad legalizada nuestros compañeros no bajaron los brazos por un Chile justo, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros por el dictamen de un tribunal?

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