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Puras falacias

Por qué la UDI no puede argumentar contra una nueva Constitución

La Unión Demócrata Independiente presentó el pasado 8 de octubre en La Moneda un documento a través del cual manifestó su postura como partido frente a la iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet de llevar a cabo un proceso constituyente a contar de los próximos días.

Este documento fue elaborado por una comisión constitucional organizada por el partido a este respecto. ¿En breve? Se juntaron a hablar de Constitución para decir que no había problema con la Constitución y, que si hubiera algún problema, éste solo debe ser resuelto desde el Congreso porque esta Constitución solo puede reformarse, no hacerse de nuevo, porque solo puede reformarse y solo la pueden reformar en el Congreso, lo cual hace innecesario otro mecanismo para una nueva Constitución porque no hay problema con esta Constitución.

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Dicho en simple, dos cosas: la primera, la UDI estipula como postura oficial que no hay problema; la segunda, la UDI lo argumenta con una falacia llamada razonamiento circular. Si no sabes lo que es un razonamiento circular, vuelve al párrafo anterior e intenta repetirlo muchas veces. Notarás que esto se parece a un recurso sacado del repertorio humorístico de Chespirito. Bueno, eso es un razonamiento circular. Solo que acá no aparece Quico diciéndote «¡cállate, cállate, cállate que me desesperas!», básicamente, porque no se puede dialogar oralmente con un texto escrito.

¿No te basta esto y quieres leer con más detalle? Bueno. Te señalo los principales errores del manifiesto UDI. Porque semejante razonamiento circular solo podría sostenerse en falacias, errores históricos, y cambios abruptos de posición, entre otras barsedades.

Mediante tales planteamientos, la UDI busca afirmar una supuesta diversidad y un supuesto consenso en torno a quienes han avalado la Constitución de 1980.

Como te dije anteriormente, la UDI estima que la Constitución actual ya cumple con estándares de aceptabilidad. Podemos cuestionar por quiénes, aparte de ellos, la Carta Fundamental cumple estos estándares. Eso de por sí es una falacia, la falacia de desplazar el peso de la prueba. ¿En qué consiste dicha falacia? En proponer que solo la contraparte es quien debe dar las explicaciones de su postura, pues la postura de la parte inicial se arroga estar dentro de una postura mayoritaria.

Esta falacia se descubre en el enunciado «cualquier cuestionamiento respecto de su ilegitimidad de origen, entendemos que está totalmente superado» (UDI, 3).

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Para convencernos de esa premisa (falsa, por cuanto falaz), la UDI invoca «las palabras del ex Presidente (sic) Ricardo Lagos cuando promulgó la ley de reforma constitucional del año 2005 y dijo: “…este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile”» (ibíd.).

Al invocar a Lagos, el gremialismo extrae un argumento ad verecundiam, otra falacia. Esta vez, el partido de Avenida Suecia recurre al valor de la autoridad del exmandatario y presenta a éste como garantía de que sus dichos son ciertos por sí mismos. Este argumento esconde un silogismo que puede reconstruirse de la siguiente manera: las palabras de Lagos tienen valor porque fue presidente de la misma coalición que actualmente gobierna (falacia de la generalización apresurada), en consecuencia, Lagos es una autoridad con ascendente sobre la coalición (otra generalización apresurada), en consecuencia, Lagos es una autoridad para el pensamiento de izquierda en general (una generalización apresuradísima que además comete el error pragmático de mover el concepto de izquierda demasiado a la derecha). Tres generalizaciones apresuradas, alguna más burda que la otra.

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La UDI no solo busca sustentar la existencia de un consenso previo que hace indiscutible la Constitución actual a partir de los resultados de las reformas de 2005, sino que también también quieren proponer que la comisión ad hoc representaba «sensibilidades de distinto signo: Enrique Ortúzar, representando a la derecha tradicional, Jaime Guzmán, representando el pensamiento gremialista, Jorge Ovalle, de tradición radical, o el pensamiento social cristiano (sic) de Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans» (UDI, 8).

Para el principal partido de oposición, existe una autoproclamada diversidad intelectual relevante para la elaboración de la Constitución de 1980. Enumeremos. El párrafo anterior clasifica entre la derecha tradicional (¿la agraria?, ¿la socialcristiana?, ¿la tradicionalista, disuelta en 1953?, ¿la liberal?), el gremialismo, el radicalismo (se omite que se trata del radicalismo de derecha) y el socialcristianismo (¿no es esta ideología parte del pensamiento de derecha tradicional?).

Como lo señaló explícitamente el mismo Jaime Guzmán, «si llegan a gobernar los adversarios, [que éstos] se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría».

Aparte de ser unas clasificaciones inexactas, estas separaciones solo reafirman los matices tolerados por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, porque no es lo mismo decir «sensibilidades de distinto signo» que sensibilidades de diverso signo». Lo primero puede solo ser dos matices de algo semejante, mientras que lo segundo implica indefectiblemente diferencias significativas. Así es como a través de dos palabras que suenan parecido, el gremialismo busca anestesiar la realidad de la época en la cual se vivían tanto la censura política como la persecución ideológica.

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Ahora bien, juntemos los dos últimos planteamientos citados. Mediante tales planteamientos, la UDI busca afirmar una supuesta diversidad y un supuesto consenso en torno a quienes han avalado la Constitución de 1980. Dicho de otro modo, se considera que la Comisión Ortúzar ya era algo (?) diversa y que el Congreso Nacional habido en 2005 era aun más (!) diverso.

Para el gremialismo, lo anterior debería ser suficiente garantía de la existencia de diversidad en el proceso que nos ha llevado al estado actual de la Constitución y, por extensión, eso garantiza la validez de la Carta, pues «ha sido reconocida invariablemente por todos como la norma jurídica constitucional válida. […] Resulta de sentido común (sic) que si la constitución (sic) resultara de una ilegitimidad tal que no fuera apta en su ejercicio para servir de marco a la vida social y política del país, no podrían explicarse ni la transición política, ni la legitimidad de las decenas de miles de leyes promulgadas conforme a sus disposiciones y a la conformación que ella definió» (UDI, 9).

Para convencernos de esa premisa (falsa, por cuanto falaz), la UDI invoca «las palabras del ex Presidente (sic) Ricardo Lagos cuando promulgó la ley de reforma constitucional del año 2005.

Pero ese reconocimiento no ha ocurrido gracias a un consenso, sino a pesar de un consenso, un consenso forzado por la parte dominante, es decir, la pospinochetista. Además, dicho consenso ha ocurrido a costa de la pluralidad política, anestesiando las posturas disidentes a lo delineado por la Constitución de 1980. Y a mayor nivel de diferencias políticas, más pequeño se hace este consenso. Y nadie puede congratularse de ello ha sido «la garantía para asegurar la estabilidad del sistema político y también del sistema económico social [… permitiendo] la gobernabilidad político administrativa que requiere el Estado» (UDI, 13).

No se puede hablar de una estabilidad consensuada si ésta se ha hecho a riendas cortas. Como lo señaló explícitamente el mismo Jaime Guzmán, «si llegan a gobernar los adversarios, [que éstos] se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría».

Ese consenso no es inclusivo.

Dicho en simple, dos cosas: la primera, la UDI estipula como postura oficial que no hay problema; la segunda, la UDI lo argumenta con una falacia llamada razonamiento circular.

Sin embargo, la UDI afirma en otro acápite que como partido político adhieren «firmemente a la democracia representativa porque consideramos que es el sistema de gobierno que permite dirimir la competencia política, construir consensos […] y conducir a la sociedad […] en un clima que garantiza el pluralismo y la expresión de la disidencia que existe al interior de toda comunidad» (UDI, 16).

Suena lindo. En efecto, la democracia representativa permite todo lo señalado en la cita, pues es un procedimiento que garantiza tanto el pluralismo como la expresión de la disidencia. Por lo mismo, la UDI debería defender el pluralismo, sin embargo las razones que plantea este documento para defender la Constitución de 1980 niegan el pluralismo y buscan forzar un basado en «una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría».

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Entonces, ¿por qué hablan de «pluralismo» en este documento? La respuesta está en el párrafo inmediatamente siguiente del documento. En éste, afirman que «varios países de nuestra región no han asimilado el fracaso de la ideología socialista y […] se han dejado seducir por líderes pintorescos que han aplicado la vieja receta del populismo interventor. […] El resultado es el debilitamiento de la democracia representativa y la restricción de las libertades y derechos de las personas» (ibíd).

Resulta evidente que la afirmación anterior alude al chavismo venezolano y a los gobiernos simpatizantes de otros países sudamericanos. Y lo hace de forma peyorativa. Habla de «fracaso» de la ideología socialista (sic), como si no existieran hoy renovados fenómenos de izquierdas emergiendo en latitudes europeas, por ejemplo. También dice «seducción» de forma desdeñosa, como si ésta no fuera la función intrínseca de la propaganda más allá del sector ideológico que la propugne. Y, para peor, habla de «líderes pintorescos», emitiendo un juicio moralista en torno a un estándar que los mismos autores del documento pretenden fijar de forma arbitraria y caprichosa.

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¿Qué pasaría si la oposición a estos proyectos contrahegemónicos sudamericanos lograra en algún momento la mayoría correspondiente y buscara revertir el entramado institucional que quedó previamente? Es muy posible que en tal caso, la UDI sí saldría a defender el pluralismo y sí saldría a defender las mayorías, esas mayorías que en Chile prefiere motejar de «circunstanciales», argumento para el cual considera pertinente «contemplar mecanismos de protección» (UDI, 15) de propósitos contramayoritarios que dificulten revertir el entramado de la Constitución de 1980.

Al hablar de su némesis, el partido fundado por Jaime Guzmán se exhibe de cuerpo completo. No defienden una Constitución porque sientan que en ella hay un espíritu republicano que la habita. En realidad, el gremialismo no busca defender el pluralismo de las ideas a todo evento, sino el pluralismo en la medida de que sus ideas estén resguardadas. Por extensión, no consideran las constituciones como instrumentos de procedimientos en los cuales los pensamientos políticos divergentes puedan desenvolverse sin cortapisas, sean mayorías o minorías: ellos ven las constituciones como una trinchera al servicio de una ideología en particular.

Les gusta la del burro, nomás.

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