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Duelo de titanes

UBER VS. TAXIS: ¿Libre competencia o negocio ilegal?

Escrito por MQLTV

    El arribo a Chile de plataformas como Uber y Cabify, que prestan servicios de traslado de pasajeros a través de apps y pagos vía tarjeta de crédito, ha causado la indignación del gremio de los taxistas tradicionales, quienes se han sentido compitiendo en desigualdad de condiciones frente al nuevo actor que hizo ingreso al parque automotor, cuya utilización está sujeta a un estricto protocolo que hasta el momento no alcanza a  ninguna de las plataformas que operan a través de aplicaciones celulares.

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    La pugna suma varios meses de expresa molestia de parte del gremio de los taxistas de Chile, quienes a través de la Confenatach han canalizado su disconformidad y demandas frente al nuevo escenario que les planteó la llegada de las multinacionales al país.

    En medio de disputas escarnizadas e incluso episodios de violencia que han terminado en choques, agresiones a conductores de Uber y otros hechos, el problema escaló hasta el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde se anunció la constitución de una mesa de trabajo para dar solución al problema.

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    Esto en medio de las declaraciones del propio Luis Reyes, instancia en la que el presidente de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile, aseguró que el objetivo del colectivo que lidera es que estas compañías abandonen el país. Ni más ni menos.

    Sin embargo, las últimas novedades tienen que ver con el envío al Congreso, de parte de Presidencia, de un proyecto de ley para regular el funcionamiento de plataformas como Uber y Cabify.

    Entre los puntos más relevantes del documento destaca un pago por kilómetro recorrido al Estado de parte de las nuevas plataformas, que serán reguladas por una nueva institucionalidad creada para este fin específico. Además, la moción plantea la obligatoriedad de los choferes que trabajen para estas compañías de contar con licencia profesional.

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    La iniciativa, ya enviada a la sede parlamentaria, vuelve a confrontar a los involucrados. Específicamente desde Uber, aseguran haber recepcionado “este proyecto de ley como una oportunidad de iniciar una discusión sobre la mejor manera de incorporar los viajes compartidos y la innovación tecnológica en la regulación de transporte del país. Aún estamos analizando la propuesta, pero nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos a acceder y elegir viajes seguros, confiables y con precios cómodos; la oportunidad para los socios-conductores de acceder a una oportunidad de emprendimiento para mejorar su calidad de vida; y la oportunidad para las ciudades de reducir el número de autos privados en las calles y extender la cobertura del transporte público”.

    No obstante lo anterior, manifiestan sus disponibilidad a “trabajar estrechamente con el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía para construir una regulación moderna y garantizar que los chilenos puedan gozar de más y mejores alternativas de movilidad para todos, y no para unos pocos”.

    En declaraciones recogidas por La Tercera, Cabify manifestó su disconformidad con el marco regulatorio que intenta establecer el Gobierno: “Este es un impuesto. Hay que ver cuánto van a cobrar por kilómetro, porque la idea es que los pasajeros no paguen más por usar estas aplicaciones”, dijo Agustín Guillisasti, gerente general de Cabify a este medio.

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    Desde el gremio que lidera Luis Reyes, en tanto, no hay satisfacción total con el envío de la moción legal al Congreso y así lo han expresado estos días. “No deberían estar en el mercado”, insisten desde la confederación en la que además existe certeza de que hay varios ítemes que quedan en el aire y, por lo tanto, sin la posibilidad de resolverse, caso de los estándares de calidad que se les exige respecto de los autos que prestan servicios de transportes para pasajeros en modelos de lujo. “Tenemos diferencias,  faltan elementos que no han sido claros, pensábamos que iba a estar establecido el reglamento de los altos estándares, nos preocupa”, dice el dirigente en conversación con este medio.

    “Esto es como un tsunami que revienta y deja muchos damnificados, queremos que todo vuelva a su lugar de origen, hay servicios con los que nosotros no podemos competir, ellos llegaron y empezaron a hacer lo que ellos quisieron, la fiscalización es mínima para los beneficios que tienen. A nosotros nos ha bajado en 40% el ingreso, eso se ha traducido en deudas con la banca. La explosión ha sido incontrolable, ellos tienen libre acceso a prestar servicio de manera completamente ilegal. Salen con una serie de promociones con las que engañan hasta a sus mismos conductores”, agrega Reyes.

    ¿No deberían existir? “Esa fue nuestra primera postura, hoy cambió el escenario, el ministerio tomó el problema, en la mesa se sentaron las autoridades con los gremios, ahí salió esta propuesta que hay que afinarla en la cámara y en la comisión de transportes del Senado”, dice luego al tiempo que espera que en el ítem sanciones también haya paridad para todos los actores.

    Por último, Reyes deja clara la actitud en la que se encuentra hoy el colectivo que lidera. “Nosotros siempre hemos estado en alerta. Si el proyecto no prospera, estamos haciendo fuerzas con otros sectores del gremio para estar preparados para lo que tengamos que hacer en el futuro, vamos a ver cómo se mantiene el proceso”, dice a pesar de manifestarse “esperanzado, esperamos que hayan rectificaciones”.

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